Gobierno de Paz censura a DTV
Esta es la tercera vez que la Escuela Crítica de Filosofía Política en Bolivia se pronuncia en favor del periodista Junior Arias. La primera vez lo hicimos en 2020 a través de un artículo titulado Gigavisión: ¿el despertar de un periodismo crítico en Bolivia? La segunda ocasión fue en mayo de 2021 cuando Arias fue condecorado con el premio Maya por mejor periodismo de investigación. En esta oportunidad las condiciones no son favorables a Junior ya que su medio de comunicación independiente, DTV, y su programa “Detrás de la Verdad” han sufrido la arremetida del gobierno de Rodrigo Paz mediante la censura digital de sus redes sociales, lugar donde tiene un importante alcance.
La censura digital es astuta, no se la realiza desde la dirección IP del
viceministerio de comunicación (aunque desde ahí se la coordine) sino a través
de terceros, cuentas falsas, bots y hackers que metódicamente han ido
denunciando los contenidos de las páginas de Junior en Facebook. El objetivo
del gobierno fue alcanzado: las cuatro páginas fueron bajadas con la excusa de “suplantación
de identidad”, es decir, Meta de Zuckerberg estaría protegiendo a Arias de un
autoplagio.
Pese a que Junior en reiteradas ocasiones ha intentado recuperar sus
cuentas adjuntando, entre otros documentos, cédula de identidad, pasaporte y
tarjeta de crédito (con la cual realizó gastos dentro de Facebook), la empresa
norteamericana insiste en que la identidad de Junior no está comprobada por
tanto la suspensión por suplantación de identidad sigue vigente. Aquí, la
Escuela Crítica da un salto argumental que otros no se animan a dar: ¿quién
tiene el suficiente poder para dar órdenes a una gigantesca empresa
norteamericana? Desde luego no un gobierno pequeñito como el de Bolivia sino su
más importante aliado, en consecuencia, los intereses de EE.UU. en nuestro país
son fuertes.
Ciertamente la censura a DTV no es gratuita, el periodismo crítico de Arias
estaba exponiendo una serie de escándalos de la corta gestión de Rodrigo Paz:
sobreprecios en los contratos del combustible, evidencias de la calidad deficitaria
del combustible (a la que Junior denominó “gasolina basura”), contradicciones
en las versiones de las autoridades gubernamentales respecto a todo el asunto
de la gasolina, el caso de una treintena de maletas que contenían millones de
dólares y sustancias controladas traídas al país por la exdiputada Laura Rojas
Ayala con un pasaporte diplomático que ya había fenecido, indagaciones en torno
a las sospechas y a las explicaciones no dadas sobre el siniestro de la aeronave
en El Alto que contenía grandes cantidades de billetes nacionales, toda la
corrupción de la Policía boliviana y la Fiscalía sobre el caso Marset y el robo
de los contenidos de sus cajas fuertes (cientos de miles de dólares, relojes de
lujo, joyas, etc.) y, en general, todo lo que ponía en peligro la frágil imagen
del nuevo gobierno.
La audiencia de los noticieros se divide en dos: quienes sintonizan los
canales de televisión en tres horarios muy específicos y quienes se informan a
través de las redes sociales a las 24hrs. del día. Si bien la señal abierta de
televisión para DTV no ha sido afectada, sus redes sociales han sido bajadas,
desde luego, debido al gran alcance que ya venía adquiriendo en contraste con
el cerco mediático de blindaje, disuasión y desinformación que actualmente
existe en Bolivia para reducir el impacto de los consecutivos escándalos
políticos que atraviesa el gobierno de Paz.
En los meses pasados y hasta la actualidad, se vienen dando una serie de
protestas contra el gobierno en diferentes departamentos del país. El cerco
mediático encabezado por Unitel, Red Uno, Radio Panamericana y toda la fila
habitual de canales privados no muestran estas protestas. La realidad fuera del
cerco solo se la puede ver a través de los medios pequeños e independientes que
tienen redes sociales, de todos estos, DTV es el de mayor alcance y con mayor
credibilidad.
El más reciente escándalo político dentro de la gestión de Paz: no uno sino
una serie de fraudes electorales (y otros fraudes electorales frustrados) en
diferentes departamentos y municipios del país. Esto también estaba siendo
informado por DTV. Actualmente, el departamento más importante del país y que
alberga la sede de gobierno ha sido arrebatado de su balotaje democrático por
una triquiñuela legalista orquestada, desde luego, por el gobierno de Paz.
El futuro es incierto. Desde febrero el gobierno viene anunciando una serie
de medidas soborno o pequeñas facilidades como la rehabilitación de las compras
por internet que buscan comprar tiempo y aceptación. Los escándalos no se
limitan al gobierno, desde el año pasado las encuestadoras privadas han intentado
influir directamente en los resultados electorales mediante encuestas falsas.
Mucho de esto ha salido a la luz pero eso no evitó que sigan asumiendo un rol
político a pedido de cliente, su mentira más reciente: una supuesta aceptación
del gobierno de Paz en una cifra del 60% cuando cada día ese mismo gobierno se
cae a pedazos.
La semana pasada se realizó un masivo cabildo en la ciudad de El Alto que
entre otras demandas, pide la renuncia de Paz. Actualmente, una concurrida
movilización viene a La Paz desde el oriente boliviano (Pando y Beni) buscando
la abrogación de la Ley Nº157.
_________
Escrito por Javier García Bellota*, enviado a la Escuela Crítica de
Filosofía Política en Bolivia y publicado el 16 de abril de 2026.
*Estudios en Filosofía y Ciencia Política
**Imagen tomada del actual portal de DTV
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122169280016822339&set=pb.61574670177130.-2207520000
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