Complicidad de clase
El alcalde Iván Arias nuevamente demuestra su total falta de interés en gestionar —técnicamente y con acciones concretas— los desastres pluviales que vienen azotando la ciudad de La Paz en las últimas semanas. El desborde de ríos registrado ayer 20 de marzo no fue ninguna novedad en la medida que todos sabíamos —por las obvias condiciones climatológicas— que en algún momento iba a suceder y que muy probablemente volverá a suceder. Arias no tiene ningún plan de contingencia, simplemente está esperando a que deje de llover.
Sin embargo, lo que no deja de sorprender es cómo opera
la complicidad de clase social entre el alcalde pitita y su electorado pitita.
Así es. El alcalde bachiller fue solamente elegido para hacer oposición
retórica al gobierno. Pero resulta que estar a cargo de la metrópoli más
importante del país es mucho más que retórica y desprecio por las clases de
origen popular-campesino. Se necesita lidiar con el problema (largamente
postergado) de la basura y la completa ausencia de políticas obligatorias para
el reciclaje.
La muerte de un obrero que retiraba agua hace más de una
semana pasó prácticamente desapercibida en los medios privados de comunicación.
El alcalde rápidamente se deslindó del asunto y con ayuda de los medios y la
indiferencia de su electorado se dio vuelta la página, lo cual difícilmente sucede
cuando se trata de desastres cuya atención compete al gobierno central. ¿Cómo opera
esta indiferencia de clase social?
No es la primera vez, ya con el alcalde Revilla, por ejemplo, se tenía la ingeniosa maniobra de registrar a todos los conductores de los buses chinos Puma Katari como consultores. Así es. Los conductores del Puma son “consultores” a los que se les renueva el contrato cada tres meses para evitar establecer un vínculo laboral (que lógicamente corresponde a la condición de conductores de un transporte municipal). Ni hablar del negociado de corrupción durante la pandemia entre Revilla y el hotel Plaza que supuestamente estaba destinado para pacientes con COVID cuando de hecho no admitía a pacientes con COVID (y no se había alquilado todo el hotel por esas millonarias sumas sino solamente un piso).
La historia fue la misma con Jeanine Añez, Víctor Hugo Cárdenas y Karen Longaric. Aconteció un desastre sanitario y la clase media tradicional respaldó el total desinterés de la presidenta por gestionar la crisis de una manera transparente, democrática y que vele por la economía del general de la población. No, no se hizo eso. Lo que se hizo fue clausurar el año escolar en el mes de agosto, cerrar las fronteras a casi mil ciudadanos bolivianos (adivinen de qué clase social) para fueran atendidos no por el gobierno de su propio país sino por los municipios chilenos fronterizos.
Ahora bien, es un secreto a voces todo el conglomerado de
negociados que tiene el alcalde Arias con las empresas constructoras. Ya se
registró un deslizamiento en Sopocachi por las “licencias” que “otorga” y que
tímidamente los vecinos le reclaman con apoyo nulo de los medios privados de comunicación.
¿Por qué?
Cuando vecinos de Achumani piden auxilio por la riada que
azotó ese barrio y la alcaldía no atiende esos llamados, no se hace eco en los
medios de semejante omisión ni se establecen responsabilidades administrativas
o penales porque conllevaría un enfrentamiento entre inversores, entre
conocidos, entre un mismo electorado, digámoslo frontalmente: entre pititas.
Existe una larga complicidad de clase pero que en esta ocasión atenta contra esa misma clase social puesto que si no le exigen al alcalde —vehementemente como lo hacen contra el gobierno central— sus vidas y hogares corren peligro, y por extensión, la de todos los paceños.
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*Opinión de Javier García Bellota, enviado a la Escuela Crítica de Filosofía Política y publicado el 21 de marzo de 2024.
**Imagen tomada de https://www.noticiasfides.com/images/news/2023/06/c-ivan-arias-alcalde-del-municipio-de-la-paz-foto-co_1687979494.jpg
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