Gigavisión: ¿el despertar de un periodismo crítico en Bolivia?

El periodista Rafael Archondo publicó en 2003: Incestos y blindajes. Radiografía del campo político-periodístico (Plural Editores). Es un estudio empírico y reflexivo sobre las alianzas políticas y económicas que se dieron entre gobiernos y medios de comunicación durante la década de los noventas en Bolivia.

Un acuerdo de blindaje es una contratación económica e ideológica suscrita verbalmente entre el dueño de un medio de comunicación y un líder político-gubernamental, con el propósito de instalar un escudo de blindaje que proteja al gobierno de turno frente a cualquier fiscalización y posibles críticas de la opinión pública.

Dicho de modo más fácil: una vez suscrito el acuerdo de blindaje, el medio masivo de comunicación se dedica a minimizar, dispersar y hacerse la vista gorda ante los actos de negligencia y/o corrupción cometidos por el gobierno que lo contrató.

Antes del acceso público a herramientas de relativa transparencia institucional (Sistema de contrataciones estatales, declaraciones juradas de la Contraloría, etc.) era imposible demostrar la existencia de un acuerdo de blindaje, más aun, siendo este de naturaleza verbal. Lo cual no impide que su existencia se infiera a través de la concurrencia de dos elementos: 1) contratos de publicidad estatal, consultorías o proyectos con un medio x, y 2) el grado de intensidad de las críticas hacia la gestión del gobierno de turno por parte de ese medio.

Incestos y blindajes expone, entre otros casos, la construcción del imperio mediático de la familia Garafulic, la cual en 1998, llegó a ser dueña de ATB, La Razón, El Extra, la revista Cosas, el Bolivian Times, La Gaceta jurídica, Opinión (de Cochabamba), El Nuevo Día (de Santa Cruz) y el portal de internet Bolivia.com; además de sus nexos con el Grupo PRISA, la multinacional española que se adjudicó millonarios contratos con el Estado boliviano.

La existencia de acuerdos de blindaje explica por qué en la década de los noventas, los grandes medios de comunicación bolivianos fueron tan tibios y tolerantes con la abierta corrupción, el nepotismo, la privatización, los despidos masivos y los vínculos de los políticos con una serie de afamados narcotraficantes.

El gobierno del MAS es un ejemplo paradójico de los acuerdos de blindaje debido a su relación de amor y odio con los medios; si bien invirtió millones en publicidad, nunca alcanzó a comprar la lealtad ideológica de los grandes medios de comunicación; en el mejor de los casos, logró momentos de tolerancia hacia su gestión. La paradoja también está en que alimentó bastante bien a su enemigo, pero nunca se dedicó a fortalecer ni expandir, eficazmente, las radios comunitarias y los medios populares.

El problema también radica en la idiosincrasia boliviana, la cual se caracteriza por la carencia de un aparato crítico medianamente formado, a diferencia de las principales ciudades de países como Argentina y España, donde efectivamente existe una ciudadanía más escéptica, y ni qué decir de países como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, donde el aparato crítico ya llega al extremo de destructivo. No es prudente idealizar la cultura crítica de los países mencionados, pero en definitiva, no nos vendría nada mal tener un ojo crítico y racional, en vez de uno puramente emocional, frente al manejo de la cosa pública.

Los acuerdos de blindaje son diversos y heterogéneos; algunos se suscriben con el gobierno central, otros con las gobernaciones y otros con los municipios. El estudio mencionado utiliza la palabra incestos en referencia a la cantidad de idas, vueltas, alianzas, traiciones y reconciliaciones que se dan entre los propietarios de medios y de estos con los políticos (y viceversa).

Durante la crisis política de finales de 2019 y el ascenso de un nuevo régimen político, el papel ideológico de los grandes medios (Unitel, Red Uno, ATB, Bolivisión y PAT) ha sido nefasto, al punto de celebrar las masacres de Senkata y Sacaba, el hostigamiento a diplomáticos mexicanos y españoles, las agresiones a periodistas argentinos y europeos, y una serie de otros excesos cometidos por Áñez y Murillo.

En ese entendido, no es de sorprenderse que la activista feminista María Galindo haya sido censurada de Página Siete por escribir el artículo: “Sedición en la Universidad Católica [Boliviana “San Pablo”]”. Este periódico, también de la familia Garafulic, parece que utilizó a Galindo para atacar al MAS, pero cuando Evo Morales fue depuesto, su columnista semanal (durante más de diez años) dejó de ser funcional y terminó siendo expulsada.

La “metodología” Garafulic anteriormente descrita no es ninguna novedad. Su imperio mediático en los noventas también depuso la imagen de Carlos Palenque, le usurpó dos de sus programaciones estelares (Sábados populares y el contrato con Televisa de México) y, por si fuera poco, utilizó sus influencias con los gobiernos de ese entonces para coadyuvar al quiebre de su mayor competencia, el periódico El Diario.

Los acuerdos de blindaje, además de económicos, también pueden tener réditos políticos a futuro, tal es el caso de la televisión universitaria (TVU) que (si bien es un medio pequeño y de señal abierta sólo para el departamento de La Paz) jugó un papel importante durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019, estando bajo el control de Waldo Albarracín, y que dio cabida al relato de un ingeniero quien, a través de la comparación de archivos Excel con fotos de celular, habría demostrado un flagrante y desproporcionado fraude electoral (tan conveniente y creíble como la aparición de los “testigos clave”).

En un ambiente de tensión, censura y persecución penal a las voces escépticas, Galindo fue la única que se atrevió a denunciar el secretismo y el ocultismo con el que personajes políticos (Jorge Quiroga, Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Adriana Salvatierra, Susana Rivero, el Embajador de Brasil y al parecer Carlos Mesa) designaron a Jeanine Áñez como Presidenta, en instancias ajenas y contrarias a la institucionalidad democrática.

La prueba del ambiente descrito se encuentra en el reportaje del periodista español, Fernando Gonzáles, mismo que entrevistaba al escritor boliviano Fernando Molina, quien al tener miedo de que los transeúntes de la 21 de Calacoto escuchen sus opiniones sobre lo recientemente acontecido, hablaba en voz baja y con disimulo; como era de esperarse, ambos fueron increpados y agredidos por un grupo de ciudadanos encabezados por la comunicadora Melisa Ibarra (ex Unitel y ex Red uno ente otros medios). Todo eso está registrado por la televisión española y puede accederse con cualquier buscador en internet.

Durante la pandemia del COVID-19 se han despertado, en privacidad y por miedo a la persecución penal, muchos cuestionamientos a la manera en que el gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales están gestionando la crisis sanitaria. Galindo, mediante Radio Deseo y su transmisión en vivo por Facebook, fue la única que cuestionó la tibieza con la que Página Siete entrevistó al alcalde Luis Revilla, al igual que la repentina bajada de tono crítico por parte de Ximena Galarza de TVU.

En las últimas dos semanas, la Red Gigavisión sorprendió a muchas personas al ser el único medio de señal abierta que reclamó el uso recreativo de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana por parte de Carolina Ribera Áñez y del ministro de la Presidencia Yerko Núñez, quien transportó a la ex miss Rurrenabaque, en medio de la cuarentena restringida.

Este escándalo, de similares características al caso Zapata, ni siquiera obtuvo un minuto de cobertura por parte de los grandes medios. Gigavisión también denunció irregularidades en los contratos de YPFB (almuerzos diarios de Bs.400 para cada funcionario, sobreprecios en la contratación de la aseguradora y en la compra de combustible), la incorporación de un “narco-funcionario” (buscado por la DEA) al ministerio de Desarrollo, y el actual escándalo de corrupción en la compra de los respiradores españoles.

Fruto del impacto de estas denuncias, la actual ministra de comunicación advirtió (por email) a los propietarios de Gigavisión del retiro definitivo de la publicidad estatal si no se cambiaba el tono crítico hacia el régimen de Áñez. Tras la negativa de este medio, el gobierno incurrió en la tan reprochada estrategia de la asfixia económica, quitando sus pautas publicitarias. La existencia del email generó críticas en redes sociales; pero en un acto de astucia muy a la boliviana, la ministra (ex comunicadora de Unitel) alegó que el motivo del retiro se debía a un supuesto bajo rating de Gigavisión.

Ahora que el escándalo de corrupción por la compra de los respiradores españoles no tiene vuelta atrás, otros comunicadores y medios están tratando de limpiar su imagen adoptando, sutilmente, la moda de ser críticos, más aun, cuando ya es visible el descenso del régimen de Áñez. Tal es el caso de Juan Carlos Arana (ex PAT y ex Cadena A) quien trata de borrar con el codo lo que escribió con la mano (el fin de semana previo al descontrol del escándalo hizo apología de la compra de los respiradores, pero días después desdijo su propio video).

Los altos porcentajes de la actual publicidad estatal destinada a los grandes medios de comunicación (Unitel, Red Uno, Bolivia TV, Bolivisión, Cadena A, PAT y RTP) es un indicio de la existencia de acuerdos de blindaje que termina de evidenciarse con la tibieza, por demás comprobada, hacia el régimen de Áñez, el cual gastó la suma de casi 27 millones de bolivianos en apenas 6 meses de gobierno.

Recientemente se denunció por redes que ANF y Fides TV recibieron, en 2017 y en 2018, la suma de $ 86,629 del National Endowment for Democracy, una fundación del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, cifra que puede constatarse en la página oficial, en inglés, de dicha fundación. El portal Bolivia Verifica intentó desmentir la denuncia arguyendo que los proyectos para los cuales están destinados esos fondos no corresponden a actividades políticas. Sin embargo, no desmintió que Fides reciba dinero del gobierno estadounidense, hecho que de por sí es escandaloso.

El rol político del Grupo Fides (severo con el MAS y apologista con Áñez) indica la evidencia de un acuerdo internacional de blindaje que obviamente jamás sería estipulado por escrito. María Galindo fue acertada en decir que las críticas [independientes] que se están haciendo al gobierno de Añez, no tienen como fin labrarle la tierra al MAS. De igual forma, Junior Arias (el periodista principal de Gigavisión) rechazó cualquier asociación al MAS, reiterando sus duras críticas hacia el ex gobierno.

El escenario político a corto y a mediano plazo no es nada prometedor. En cualquier caso, la Red Gigavisión, siendo un medio modesto, se desmarcó de la deplorable labor ideológica de sus colegas, y alcanzó su propio reconocimiento en la memoria histórica-periodística sobre los acontecimientos más inauditos que atraviesa el país; promete mucho si se mantiene fiel a una tradición que nunca ha existido en Bolivia, el periodismo crítico.

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Escrito por Javier García Bellota*, enviado a la Escuela Crítica de Filosofía Política en Bolivia, y publicado el 25 de mayo de 2020.

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* Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Boliviana, Egresado de la Carrera de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés, Diplomado en Educación Superior del CEPIES –UMSA, Diplomado en la Actualidad de Marx del Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, Maestrante tesista del programa de Filosofía y Ciencia de Política del CIDES-UMSA. Trabajó en televisión, prensa y producción audiovisual, fue docente de semiótica en el cine en la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales, miembro fundador y 1er presidente de la Sociedad Científica de la Carrera de Filosofía “SOCIENFIL-UMSA”. Publicó artículos de análisis coyuntural en periódico y en la revista Lupiñani.